Infante Blog

Un particular cobra 2 euros a cualquiera que pretenda jugar en algunas pistas elementales de Arganzuela y en otras zona de la ciudad. No es broma.
En las pistas elementales se está haciendo negocio por personas ajenas a las práctica del deporte que se establecen desde primera hora en aquellas, sobre todo los fines de semana, y piden una cantidad de dinero, antes un euro y ahora dos, para hacer uso de las mismas”.
Ante diversas denuncias que nos habían llegado, un vocal vecino del grupo municipal socialista de Arganzuela estuvo en la pista elemental que está situada enfrente de lo que era antiguamente la fábrica de cervezas Águila y preguntó que si se podía entrar a jugar. Le contestaron que tenía que dar 2 euros a una persona que estaba sentada entre los barrotes de dicha pista. Se dirigió a esta persona, se identificó y le preguntó que si sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. La respuesta fue que lo llevaba haciendo tiempo y que nunca había tenido ningún problema.

Se trata de una situación bochornosa para los vecinos, ante la que la policía municipal debe intervenir de inmediato puesto que las citadas personas, además, pueden ser agresivas. Exigimos que el Ayuntamiento ponga fin a estas prácticas ilegales de cobro por el uso de las pistas deportivas elementales del distrito que son gratuitas.
Por ultimo y junto a este problema también pedimos que se haga cumplir el horario de las pistas elementales, que es hasta las 22 horas, ya que hay algunas en el distrito que a la una de la madrugada siguen con iluminación y personas jugando con mucho ruido, perjudicando seriamente a los vecinos.

Los bajos instintos
CARLOS CARNERO (Eurodiputado socialista) 30/06/2008

Suele ocurrir. La historia tiene muchos ejemplos de ello. Cuando se les alimenta en exceso y con vísceras, los bajos instintos se hacen dueños de la escena, empezando por la intelectual. De manera que cuando están bien cebados, aparecen con una fuerza irrefrenable. ¡Cuánto sabemos en España de esto!, ¿verdad? Está ocurriendo en este preciso momento y, ante la situación que se acelera, no conviene bajar la cabeza y callar, a ver si escampa. Al contrario, hay que alzar la voz en defensa de la libertad, del pensamiento y de la razón. Es preciso defender los argumentos y, sobre todo, hacerlo desde la responsabilidad democrática. Yo lo vengo haciendo desde hace semanas, en las que quienes hemos votado a favor de la Directiva de Retorno porque pensamos -como José Luis Rodríguez Zapatero acaba de exponer en el Congreso- que mejora la situación existente hoy en la UE al introducir mayores y mejores garantías para los inmigrantes ilegales -que tienen derechos inalienables que el limbo jurídico y la inexistente armonización comunitaria no garantizan- hemos recibido muchas críticas -que respeto y agradezco, como las de Joaquín Estefanía, Soledad Gallego-Díaz y Josep Ramoneda en EL PAÍS, porque sin duda podemos estar equivocados-. Pero el artículo de Juan José Millás titulado El burdel y publicado en este periódico no entra en esa categoría, sino en otra. Quizás el Señor Millás se crea con derecho a llamar prostíbulo al Parlamento Europeo, que siempre ha estado y está a la cabeza de la defensa de los derechos humanos y a calificar a quienes formamos parte del mismo de personas indecentes, decididas a maltratar a los menores y a las personas de raza diferente de la propia. El diccionario nos llamaría ladrones, pederastas y racistas. Como la inmensa mayoría de mis colegas, me he batido el cobre en el Parlamento Europeo día tras día, cumpliendo mi mandato ciudadano, por la libertad y la dignidad de todos los seres humanos, denunciando cualquier clase de dictadura, enfrentándome a cualquier fascista y xenófobo, poniendo mi granito de arena como miembro de la Convención que elaboró la Constitución europea, para que esta Unión tenga una Carta de Derechos Fundamentales jurídicamente vinculante. Por eso me he decidido a escribir esta carta, aunque algunos amigos me decían que no lo hiciera, que era enfrentarme a alguien demasiado poderoso -¡un escritor de éxito!- desde mi modesta posición de eurodiputado. No les he hecho caso, porque desde el mismo momento que aceptas que alguien te agreda y te insulte sin razones, has empezado a perder tu dignidad y, lo que es peor, has dejado de representar la voz de aquellos a quienes representas. Y eso, ni el señor Millás va a conseguirlo.

España ha enamorado por su juego, por su capacidad de sufrimiento y por su convicción. Sale con el trofeo y con el mejor goleador, con el mejor registro anotador y el menor número de goles encajados. Ha sido líder hasta en ‘fair play’.Pero por encima de todo ha unido a los españoles bajo el sueño de un triunfo que se nos resistía desde hace mucho tiempo.

Un ejemplo, hoy mi hijo de dos años y medio, cuando ibamos al cole no quería salir de casa sin su bandera de España. Papa, papa metela en mi mochila. Cuando ha llegado a clase ha abierto la mochila, ha sacado su bandera y ha comenzado a saltar con su bandera cantando:¡España, España! ¡Campeones, campeones!.Un genio

Gracias al sabio de hortaleza y al equipo.

Y que se repita pronto

El oficial jefe de la Unidad de Centro de la Policía Municipal, Lorenzo Antolínez Remesal, fue condecorado ayer con motivo de la celebración del patrón del cuerpo, San Juan Bautista, con la medalla del merito policial. Este mando fue grabado en noviembre de 2006 por sus agentes durante una reunión en la que pedía que falsearan las actas de inspección a locales de ocio para que éstos fueran clausurados. También ha sido acusado de discriminar, en la misma fecha, a tres agentes que fueron destinadas a las oficinas.

Antolínez ordenó, según consta en una grabación, a los agentes que aumentaran el número de personas que había en los locales de copas. Quería acelerar el cierre de los bares. También exigía a los policías que no se entretuvieran en el decomiso de drogas, ya que los informes del Instituto de Toxicología tardaban unos ocho meses, lo que retrasaba la clausura de los locales.

Es impresentable la concesión de la medalla. Es fruto del clientelismo y el amiguismo que se da en la Policía Municipal. Vamos a pedir explicaciones a Gallardón en el Ayuntamiento Pedro Calvo en la Comisión de Seguridad. Dijeron hace tiempo que le abrían un expediente reservado por sus actuaciales profesionales, y el resultado es que le dan una medalla. Es de nota si no fuera porque es una vergüenza que empaña el nombre de la policía municipal. Las medallas se otorgan a los policías que día a día trabajan por la seguridad de los madrileños, no a los amiguetes.

La mayoría de los locales siguen abiertos pese a carecer de licencia - Dos establecimientos sancionados dicen que aún no han recibido las notificaciones
J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 28/06/2008

Han transcurrido siete meses desde que el juez Santiago Torres comenzara las actuaciones del caso Guateque, la mayor trama de corrupción conocida en el Ayuntamiento de Madrid. Aunque parece que el asunto ha caído ya en el olvido, el procedimiento sigue su curso en el juzgado. Una tímida comisión de investigación se encargó de dar el carpetazo político al asunto.

Durante la investigación judicial, que se saldó con 30 funcionarios y otros 20 empresarios investigados por conceder licencias a cambio de dinero, se revisaron 200 expedientes. Entre ellos, los de una treintena de bares y locales de ocio que acumulan 1.294 denuncias de la Policía Municipal. Muchos carecen de licencia de apertura y recibieron orden de clausura o cierre temporal, pero aún siguen abiertos. Es el caso, por ejemplo, de la discoteca Dink, en la calle de Amaniel, que recibió 246 sanciones de la policía. Nunca ha sido clausurada.

Responsables de la investigación del caso ordenaron examinar el expediente de este local para comprobar por qué sigue abierto, a pesar de tener una orden de clausura “sin que los servicios municipales de inspección se hayan apercibido”. Además, la Guardia Civil encontró documentación sobre este local en uno de los despachos de consultoría supuestamente implicados en la trama de corrupción.

La mayoría de estos establecimientos de ocio han sido investigados por estar relacionados con algunos de los despachos de consultoría que supuestamente hacían de intermediarios con funcionarios para agilizar las licencias. Los propietarios de las empresas Agustino Proyectos e Instalaciones y AC 93 fueron encarcelados por el juez Torres por intermediar entre técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y propietarios de bares en la tramitación de licencias.

Algunos de los locales de copas investigados acumulaban más de 100 denuncias policiales. En su mayoría por carecer de permiso de actividad, sobrepasar la hora de cierre, exceder el aforo o realizar actividades diferentes de las permitidas en las solicitudes de licencia.

Es el caso del bar Archy, situado en la calle del Marqués de Riscal, que no cuenta con licencia de apertura ni de funcionamiento. Por eso ha recibido 144 denuncias de la policía entre 2005 y 2007. Sólo posee una licencia, caducada, de 1997. Hace dos años la policía ordenó precintarlo ante la acumulación de denuncias, pero sigue sirviendo copas cada noche. A pesar de todas las denuncias, en Urbanismo no hay abierto ningún expediente sancionador contra esta discoteca. Un portavoz de Archy comentó por teléfono que no habían recibido ninguna multa.

Otro de los establecimientos investigados es el restaurante-discoteca MOMA, en la calle de José Abascal. No tiene licencia de funcionamiento como discoteca, sólo como restaurante, pero cada noche abre hasta las seis de la mañana. La policía ha presentado 20 denuncias contra este local. La firma Agustino Proyectos realizó el estudio de solicitud de licencia, que fue aprobado por la junta municipal de Chamberí, pero los servicios jurídicos de la misma junta lo denegaron. El local cuenta con una orden de clausura por realizar actividades diferentes de las permitidas, pero sigue abierto. Un trabajador del local aseguró por teléfono a este periódico que tenían todos los permisos en regla.

El edil socialista Óscar Iglesias exige al Ayuntamiento que haga cumplir la ley y que investigue el motivo “por el que se levantan actas si luego no se ejecutan las sanciones”. Iglesias asegura que “esta situación provoca inseguridad jurídica física y es injusta para los que cumplen la ley y no conocen a alguien que les puede ayudar a agilizar los trámites”. También señala que existe malestar entre los policías municipales, que se quejan porque su trabajo se pone en tela de juicio, ya que “se realizan inspecciones, se levantan actas y luego no se imponen las sanciones”. Un portavoz municipal reconoce que la policía “sólo levanta las actas”. Las sanciones las dictan las juntas de distrito. El mismo portavoz declinó hacer más declaraciones sobre el tema.

Gallardón vuelve a las andadas y pretende engañar a los vecinos de Marconi con un nuevo cierre nocturno que no acabará con la prostitución. Hay que recordar que Gallardón tuvo que retirarlo en 2006 porque no se ajustaba a derecho.

Si , sí , el prepotente equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tuvo que retirar, hace dos años, el dispositivo policial en la Colonia Marconi que impedía el tráfico por las noches salvo para residentes y autorizados. El Juzgado Contencioso-Administrativo concluyó, tras una denuncia de presenté, que ese cierre era ilegal y no se ajustaba a derecho.
 Pero como no escuchan esta se publicará el decreto correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el cual se da cobertura legal al dispositivo policial en Marconi, en el distrito de Villaverde, de 23.00 a 06.00 horas.
¿Y que opinamos? pues que el nuevo cierre en Marconi no solucionará el problema de prostitución de la zona, como ya ocurrió con el anterior. 
Los vecinos están hartos de ver a las prostitutas ejerciendo en los parques donde van a jugar con sus hijos, en los alrededores de sus viviendas. Por eso es necesario menos propaganda y más políticas sociales dentro de un plan global contra la prostitución en la ciudad para evitar el ejercicio de esta actividad en parques y cerca de las viviendas, lo que provoca el deterioro de la convivencia.

Estamos de enhorabuena, por fin la ONU ha reconocido la violación como arma de guerra

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado unánimemente a favor de considerar la violación como una “táctica de guerra”, que puede “exacerbar de manera significativa los conflictos armados e impedir el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional”. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, indicó al defender la resolución que la violencia contra las mujeres ha alcanzado en los últimos conflictos “proporciones inexplicables”.
Elaborados en 1949, los convenios de Ginebra apenas se refieren a la mujer como víctima de la guerra.

Según publica El Pais las perdidas por la huelga de los vigilantes de los parquimetros suman 24 millones para el Ayuntamiento

Reproducción de la noticia El Pais

Las pérdidas por la huelga de vigilantes de parquímetros suman ya 24 millones
Los trabajadores deciden hoy si abandonan los paros o siguen con la protesta
PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 20/06/2008
¿Cuánto cuesta una huelga? El cálculo no siempre es fácil. Pero el paro de los vigilantes del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid, que comenzó el 19 de mayo y podría terminar hoy, alcanza los 24 millones de pérdidas. El Ayuntamiento reconoce sólo 5,5 millones, en un cálculo cerrado el 14 de junio en el que no incluye ni un céntimo del dinero que deja de ingresar por las multas, unos 500.000 euros diarios, según cálculos de este periódico.
El montante asciende a 24 millones, uno por día de paro descontando los fines de semana. Cada millón es el resultado de sumar, por un lado, los 260.000 euros que se pierden por los tiques impagados. A ese dinero hay que añadir los 245.775 euros diarios de canon que el Ayuntamiento abona a las concesionarias aunque no presten el servicio. Los otros 500.000 son por las sanciones de tipo 510, 511 y 512 (modalidades de estacionamiento indebido en las zonas reguladas).
En 2007, los vigilantes de las zonas reguladas impusieron más de tres millones de sanciones. El 68% eran de los tipos 510 y 512. Si se pagan con antelación suponen 63 euros. El otro 32% fueron las del tipo 511, 26 euros en su versión reducida. Si se divide entre 365 días, la cifra resultante es ese medio millón de euros que el Ayuntamiento no incluye en sus cálculos, pese a que reconoce que ni los Agentes de Movilidad ni la Policía Municipal han sustituido el trabajo de los vigilantes en este mes de huelga a la hora de sancionar los coches mal aparcados, la doble fila o la carga y descarga.
Recuperar lo perdido es otro cantar. En el mejor de los casos, el Ayuntamiento puede ingresar en las arcas municipales unos siete millones de euros en los próximos meses. Por cada día de huelga, las concesionarias deben pagar una sanción de 36.000 euros incluida en el pliego de condiciones, es decir, 864.000 en lo que va de huelga que se recuperan seguro.
El Consistorio debe decidir aún si descuenta a las empresas los 260.000 euros al día de los tiques, que sumarían 6,2 millones más. El director general de Movilidad, Fernando Autrán, dio por seguro a finales de mayo que reclamarían esa cantidad a las cinco concesionarias. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, señaló ayer que descontarán las indemnizaciones “así como cualquier otra que se estime pertinente una vez que se haya restablecido el servicio”, informa Europa Press. A las concesionarias aún no les han comunicado nada de este asunto, según Vicente Beneyto, portavoz de Anere, una de las dos patronales del sector. Y en caso de que decidan restar ese dinero de la factura de mayo, las empresas recurrirán. Vamos, que no es tan sencillo.
Y mientras, los 1.300 trabajadores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la capital han obtenido su principal reclamación: ser mileuristas. Representantes de las empresas y de los sindicatos CC OO y UGT alcanzaron ayer un nuevo acuerdo tras dos días de negociación. La oferta es un aumento de sueldo hasta los 1.000 euros este mismo año (ahora cobran 820 euros por siete horas de trabajo), un incremento del 35,1% de las retribuciones en cuatro años, una paga extra en marzo y un día más de vacaciones. Tendrán 32.
No hay avances en seguridad -pedían trabajar en parejas y más control policial- ni han conseguido los vestuarios que reclamaban para cambiarse el uniforme. Los trabajadores deciden esta tarde en una asamblea en la sede de CC OO si ese acuerdo les convence o no. Si gana el sí, los parquímetros funcionarán de nuevo a partir de mañana sábado, con la mitad de la plantilla preparada para volver a poner multas.
 

El Ayuntamiento ha dejado de ingresar desde que empezó el pasado día 20 de mayo la huelga de vigilantes del SER cerca de seis millones de euros. Por cada día de paro de los ‘parquimeteros’, el Consistorio ha dejado de ganar 260.000 euros sólo en concepto de pago de tickets por parte de los conductores.
Los sindicatos CCOO y UGT y la Asociación Española de Aparcamientos y Garajes (ASESGA), negociadores del convenio colectivo del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), han acordado una nueva propuesta económica y social sobre la que el viernes deberán decidir los trabajadores en asamblea.
Esta propuesta conjunta, a la que se adherirá la Asociación Nacional de Empresas Reguladoras del Estacionamiento (ANERE) si los trabajadores del SER la aceptan, mejora la oferta salarial y social que el pasado 30 de mayo firmaron los representantes sindicales y que posteriormente rechazó la asamblea de trabajadores.
Según ha informado la responsable de CCOO en el sector, Amaya Amilibia, la nueva oferta supone mejorar en un 1,85 por ciento la propuesta de finales de mayo hasta conseguir un incremento del 35,10 por ciento del salario en los cuatro años de vigencia del convenio colectivo.
Esta mejora económica permitirá a los trabajadores del SER “ganar mil euros netos mensuales este mismo año, que se verán incrementados en otros 40 ó 45 euros cada uno de los ejercicios restantes del convenio”.
Además, en el mes de marzo percibirán una paga extraordinaria de 700 euros en los años 2008 y 2009; de 900 euros en 2010; y de 1.200 euros en 2011, ejercicio en el “quedaría consolidada”.
La propuesta también incluye mejoras sociales como la creación de la categoría profesional de Auxiliar Técnico de Mantenimiento (recaudador); la regulación de la jornada laboral de los sábados de modo alterno; y dotar a cada trabajador de un carné identificativo profesional.
También recoge un día más de vacaciones (total 32), por mudanza (2) y por hospitalización y fallecimiento de familiares de hasta segundo grado (3).
Los trabajadores podrán disponer de un permiso no retribuido de entre 10 y 30 días al año; acogerse a la lactancia acumulada de 21 días así como a la jubilación parcial anticipada.
Los sindicatos CCOO y UGT entregarán por escrito a los trabajadores el contenido de esta propuesta para que la conozcan antes de la asamblea que se celebrará mañana en la sede de CCOO de Madrid y cuya representante, Amaya Amilibia, la ha valorado “satisfactoriamente”.

El otro día hemos denunciado que la Junta Municipal de Centro carece de licencia de primera ocupación y funcionamiento. Vaya ejemplo, el propio ayuntamiento inaugura una sede municipal sin licencia. ¿Será por eso por lo que pasan de hacer cumplir la ley y solo presionan a unos sí y a otros no?

La denuncia fue recogida por EL MUndo y la reproduzco a continuación 

Gallardón se hace ‘trampas’ urbanísticas
El remozado edificio de la Junta Municipal de Centro, inaugurado en abril, carece de licencia de Primera Ocupación y Funcionamiento
JAIME G. TRECEÑO

El Ayuntamiento de Madrid no predica con el ejemplo urbanístico. Después de que la Operación Guateque hiciese saltar por los aires las cloacas de las licencias y obligase al Consistorio a reorganizar toda la burocracia referida a ello, curiosamente, el Consistorio parece estar por encima de ello. Un ejemplo de ello es el edificio de la calle Mayor, 72, inaugurado el pasado 18 abril por el alcalde. Unos días antes, la Junta Municipal de Centro se trasladó allí pero, hasta la fecha, el inmueble carece de licencia de Primera Ocupación y de Funcionamiento.
El Ayuntamiento gastó, a través de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, 7,4 millones de euros. De hecho, la Administración local pagará una renta de 11,5 millones por utilizar el edificio los próximos cinco años. «No sabría decirle la fecha, pero pedimos las licencias el pasado mes de abril -cuando se ocupó-. Ahora está en trámite», aseguró un portavoz de la empresa pública.
Preguntado por el motivo por el que inmueble se ha puesto en alquiler y ha sido ocupado sin tener las pertinentes licencias, el interlocutor precisó que las solicitudes se han hecho con una «adenda documental», por lo que, dicen estar, «muy tranquilos».
Este edifico fue construido hace 144 años por el arquitecto Wenceslao Gabiña por encargo de los señores de Luzón y recibió la catalogación integral en 1977. Durante los últimos años, albergó la desaparecida Concejalía de Personal. El inmueble se encuentra a la altura de la plaza de la Villa. Sería la fachada de cerramiento. Durante su remozado el Grupo Municipal Socialista denunció las obras debido a que en el tejado los albañiles trabajaban sin cumplir las mínimas normas de seguridad en el trabajo. De igual forma, y una vez inaugurado, se supo que pese a ser un edificio prácticamente nuevo tenía el dudoso honor de ostentar el título de ser la única Junta de Distrito en la que no ser podían celebrar bodas, debido «a las características del Salón de Plenos».
Desde la junta aseguraban que a todos aquellos que querían contraer matrimonio les ofrecían como alternativa la Casa de la Panadería, situada en la plaza Mayor. Un portavoz de Centro salía al paso de la polémica y aseguraba que ellos son «unos meros inquilinos».
El pasado de marzo la comisión de investigación del Caso Guateque, que no llegó a celebrar ni una sesión para conseguir el fin para el que se creó, echó el cierre. En el dictamen, que fue aprobado con los votos del PP, se acordaron la puesta en marcha de doce medidas para evitar que volviera a anidar la corrupción en el sistema municipal de concesión de licencias. Las actuaciones se llevarían a cabo en dos fases diferentes.
En un principio, se habló de aplicar las primeras actuaciones de choque, como las denominadas patrullas urbanísticas, en el primer cuatrimestre del año. Se trataría de técnicos municipales que se encargarían de velar por el cumplimiento de la normativa. Es decir, de comprobar que las obras que se están efectuando corresponden con las licencias adjudicadas. De igual forma, comprobarían si el local cuenta con las licencias que marca la ley. A esta medida se sumó el incremento de personal en el Area de Medio Ambiente y de Urbanismo. En enero se cambió la organización de la Dirección General de Calidad, Control y Evaluación Ambiental. Un poco más tarde, se modificó la composición de la Comisión de Calidad Urbana y de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad de Madrid.
El alcalde dejó en manos del propio Bravo la remodelación del sistema de concesión de licencias. Desde el Consistorio se ha pensado en la puesta en marcha de las oficinas certificadoras. Se trataría de colegios profesionales o entidades profesionales, aún está por concretar, que se encargarían de visar la documentación para la concesión de la primera licencia. Luego, el Ayuntamiento se encargaría de contrastar los datos. La Casa de la Villa se dio seis meses para tener está medida resuelta. Según sus propias cuentas, el tiempo está a punto de expirar. Esta medida, estaría dentro de la aplicación de la segunda fase de medidas de reforma de la tramitación del sistema de concesión de licencias.
En este punto, se encuentra también la homogeneización de la normativa aplicable en todo el municipio de Madrid. Vamos, que si se le retira las competencias urbanísticas las juntas de distrito en beneficio del Area de Urbanismo. Los responsables de las licencias tendrán la obligación de elaborar una memoria anual que se presentará al vicealcalde, Manuel Cobo, y que se deberá aprobar en la Junta de Gobierno.
Se ha comenzado a reforzar las plantillas, con determinados puestos técnicos, en Medio Ambiente y Urbanismo, para desatascar el tapón. El Ayuntamiento destinará a algunos ujieres de la Administración municipal a labores de mensajería. Es decir, se encargarán de llevar al interesado, en mano, los trámites de su licencia para dar más diligencia al proceso. El teléfono 010 o la página web municipal (www.munimadrid.es) se encargará de informar del estado de tramitación de la solicitud realizada.

EL PSOE EXIGE RESPONSABILIDADES
Para el presidente del Grupo Municipal Socialista, Oscar Iglesias, el Ayuntamiento «reincide en el incumplimiento de la ley cuando ha de ser el primero en exigir su ejecución». Iglesias recordó cómo hace unos meses denunció, él mismo, al Consistorio por vulnerar la normativa de riesgos laborales en el mismo inmueble, ya que, durante su remozado, había obreros que trabajaban sin las mínimas medidas de seguridad y, recuerda, que ahora se da el problema de las licencias.
«Exigimos responsabilidades. Es una vergüenza que el Ayuntamiento no dé ejemplo», sentenció. A su entender, el caso del edificio de Mayor, es una muestra de lo que ocurre en la ciudad y de cómo funciona el Consistorio. «Hay locales comerciales que abren sin licencia, otros permanecen con las puertas de par en par cuando pesa sobre ellos una orden de cierre. Todo ello es entendible, claro está, si tenemos en cuenta que el organismo que tendría que velar por el cumplimiento de la legalidad es el primero en obviarla», precisó.
El PSOE quiere que el Ayuntamiento sea respetuoso con la normativa.